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Por más que la ministra de ‘las Culturas de España’ -como le gusta que la llamen- mirara a París, el barco antipirata de Sarkozy y su Ley Hadopi ya no tienen velas en Europa, la industria ha soltado las lanzas del corte de internet como sanción. Ni siquiera las sanciones a las web de descarga tienen cabida en el mapa de las garantías de las operadoras españolas. La solución británica -microcortes y reducción de la banda ancha- no llegará con los apellidos de Redtel. La ‘cuarta vía’ se impone. Por ahora, hay un solo plato del gusto de todos: un plan de educación para los internautas y un portal que ofrezca contenidos legales a precios razonables bajo el grifo de las telecos.

Las urgencias las pone sobre la mesa Rodríguez Zapatero: las de la visita del vicepresidente estadounidense Joe Biden, los informes de la Casa Blanca sobre el mercado español y la presidencia de la UE le marcan el paso y ponen en rojo este trimestre en el calendario. Moncloa le pisa el cetro de las descargas a Sinde y mira a Obama. La bitácora de Ros tiene más de un boceto en manos ajenas, las de los informes del Congreso americano y el lobby de la industria cultural de EEUU, que indican a España cómo ‘acabar’ con los intercambios del P2P. Varios de sus consejos ya se han cumplido y el primer ‘examen final’ se lo pasará a Ros a finales de agosto.

El desencuentro entre los operadores de telecomunicaciones, agrupados en Redtel y la industria audiovisual, representada por la Coalición de Creadores e Industrias de Contenido condena al congelador al acuerdo  queria ‘amadrinar’  deja en fuera de juego a la ministra y, con él, coloca la pelota de nuevo en el tejado de Moncloa, que baraja ya las propuestas de las partes. Esta vez el equipo de Zapatero no  lo tendrá tan fácil para reeditar el paso atrás de 2003, cuando Asimelec y las entidades de gestión por parte de los representantes de los derechos de autor cocinaron la aprobación del canon. El Gobierno tendrá que mojarse si quiere controlar las descargas de archivos por Internet. Hoy, incluyendo las sujetas a derechos de autor, son legales en España siempre que no haya ánimo de lucro. Para que dejen de serlo, habrá que realizar un cambio legislativo, como mínimo  una modificación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI) y de la ley de procedimiento administrativo, con el fin de habilitar a la Comisión de Control y el sistema de avisos, puesto que actualmente sólo tienen potestad los jueces para el control y cierre de web. Pero todos ellos pasan por la mano, cuanto menos, del Consejo de Ministros.

Quemaron el cartucho de la ‘ley Sarkozy’. Vieron cómo el empeño en limitar los cortes de internet a los usuarios más asiduos quebraba el diálogo con las principales operadoras. La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos – que engloba a las sociedades de gestión de derechos de autor -deshoja de nuevo la margarita de las propuestas para Redtel. Ofrece a las operadores de acceso a Internet  una la pipa de la paz que el Secretario de Estado Ros ya estaba dispuesto a fumarse, pero que Redtel no encenderá con esas condiciones. La ‘tercera vía’ de la Coalición -microcortes esporádicos o reducción del ancho de banda a los internautas que descarguen archivos protegidos por derechos de autor- llueve sobre mojado en los recelos de los operadores a limitar la velocidad de los usuarios. No quieren ser los policías de la red. Y menos aún hacerlo pagando las facturas de una medida que no es tecnológicamente fácil ni jurídicamente fluida. Un coste que ambas partes tratarían de cargarle al Gobierno, que es el que va a legislar la red.

EN BUSCA DE LA ‘CUARTA VÍA’

Es cierto que un posible nuevo mercado de venta de contenidos digitales podría ser atractivo para algunos operadores y que la regulación comedida puede favorecer la solución a algunos problemas de saturación de redes. Pero los operadores no quieren ser guardianes de sus clientes y ya han avisado que controlar las descargas P2P costará 100 millones de euros al año. La industria de telecomunicaciones, que cree que tras estos tres avisos el problema de los heavy users más recalcitrantes se reduciría en un 90%, estima que es suficiente aplicar sanciones económicas en forma de multas para reducir radicalmente el problema. Pero rechazan la creación de un organismo judicial independiente que regule las sanciones, que tendrían que financiar ellas también. Además, son ya más de 10 millones los que hacen uso de las redes P2P, un caos evolucionar contra ellos y un riesgo si la sombra de la avalancha de bajas se hace real. En Suecia la prohibición de las redes P2P produjo sólo en la primera semana una caída del 33% del uso de internet. Lo justo para que, con la gallega R en cabeza, más de una prometa bajo la mesa no entrar al juego ‘antipirata’.

Las operadoras estaban dispuestas a asumir parte de la propuesta de la Coalición de centrar la persecución no en los usuarios comunes, sino en los que ellos llaman “concentradores”, responsables de las páginas web que alojan o enlazan los archivos protegidos por derechos de propiedad intelectual, que permiten las descargas mediante programas P2P. Según sus estimaciones, alrededor de 70 website son responsables de un total del 80% del tráfico de los archivos protegidos (películas, videojuegos y música). Ahora piden contenidos atractivos a precios competitivos para frenar las descargas, un marco de colaboración entre los creadores de contenidos y los operadores de telecomunicaciones y campañas publicitarias de concienciación sobre el “respeto a la propiedad intelectual. Los recelos de la Coalición para convertir una oferta atractiva de contenidos en una tienda de contenidos digitales en la red no ayudan a recomponer unos puentes que, hoy por hoy, sólo se levantan con unos ladrillos comunes: la coincidencia en una campaña educativa para los usuarios de internet.

El Secretario de Estado Ros está dispuesto a tender la mano a la ‘cuarta vía’ que sugieren las operadoras:  apuesta por ofrecer ocio a un precio asequible para no tener que recurrir al P2P y la creación de un sello distintivo para sitios webs con oferta legal de contenidos digitales en España. Pero ha sido la propia Ángeles González Sinde la primera en aguarle el bautismo del “superportal” de descargas que ISP y los autores estaban dispuestos a apadrinar. Moncloa le marcó un guión en el que la ministra sólo estaba autorizada a ponerle la cara a los consumidores, cocinar la Ley de Cine, pilotar la política cultural en el extranjero y preparar una nueva legislación en materia de patrimonio cultural y subacuático. Le ha sabido a poco a González Sinde, que se subió al carro de un gran portal en la Red, específicamente orientado a la infancia y adolescencia y ha consolado su exclusión de la negociación con las operadoras de telefonía con propuestas de apellidos prestados y facturas ajenas. Ha regado la semilla del odio con los editores de libros, con tal de criminalizar su digitalización.

La ministra peor valorada, se ha comido la oficina del Defensor del Internauta que prometió Rodríguez Zapatero para esta legislatura Y con su promesa de rebajar los precios del adsl español, se ha zambullido en todos los charcos del olvido: Industria le ha tenido que recordar que es un mercado liberalizado. Nada que disuada a González Sinde de quedarse en medio de una batalla en la que chocan sables los operadores alternativos -que sangran por las costuras del adsl indirecto que revenden de Telefónica- y de patearle la bandera al Secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, empeñado en demostrarle a la Comisaria Reding y a la OCDE -que la sitúa entre las 30 más costosas- que la banda ancha española está en la media de los precios de sus vecinas de Europa. Sus intentos por amansar de lejos las aguas del P2P sólo han avivado otras olas, las del canon digital por copia privada que -se le escapó a la ministra en petit comité y a contrapié de Industria- será revisado el año que viene. Si Ros y Sebastián le dejan. Según los sondeos realizados por la Asociación de Usuarios de Internet entre los creadores, un 97% de ellos “pagan más canon en su actividad diaria de lo que reciben a cambio como compensación por las copias privadas a través del canon digital.

CON LA BITÁCORA DE WASHINGTON

España está ya casi sola entre los Veintisiete, en el banco de los pocos Estados que siguen aún sin pronunciarse. No es sólo el repudio europeo, el muro del Constitucional galo y la amenaza del PP de llevar al Tribunal Constitucional Español cualquier futura ley similar a la Sarkozy lo que ha acabado por abortar las posibilidades del plan A de González- Sinde, el corte de Internet como penalización a las descargas, con el que desembarcó en el Ministerio. La SGAE y los creadores de contenidos ya han rendido ese sable. Lo hicieron antes del desencuentro que cercenó los hilos del diálogo con las operadoras en abril. Les marca las líneas rojas el Partido Socialista Europeo y los eurodiputados del PSOE español.

El empeño por sintonizar con Nicolas Sarkozy y dejar grietas abiertas al corte de las descargas de internet terminó por hacer explotar en junio el ‘paquete telecom’ y por dejar en la estacada a la mayor regulación del sector de las telecomunicaciones en la historia de la UE. Y nadie en el Parlamento de Estrasburgo permitirá que se limiten los derechos y libertades de la red. Se lo ha recordado –por si las dudas-  la secretaria de Innovación y Nuevas Tecnologías de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, María González Veracruz. Francia no va a marcar el paso en Europa de la lucha contra las descargas en Internet. No a España. Su  modelo de tres avisos y corte de conexión sin decisión judicial no tiene adeptos, ahora que hasta el Reino Unido opta por una tercera vía: la Digital Britain que ve la luz esta semana sólo contempla  la reducción de la velocidad de acceso a la red, o desconexiones puntuales (segundo o minutos) para interrumpir las descargas. Los planes para combatir la piratería en Reino Unido se frenaron tras una consulta elaborada por el Departamento de Negocios Corporativos y Reformas Regulatorias (BERR) que mostró que no había consenso entre los operadores y la industria musical como para justificar una actuación contra los 7 millones de usuarios de internet británicos que comparten archivos en las redes de intercambio P2P.

La Casa Blanca aprieta las clavijas de Sinde, de Sebastián y de Ros. Ni la mediación del ministro Blanco ni los esfuerzos del lobby de la cultura española y las cifras de la industria nacional han podido evitar que el Congreso de los EE UU, a través de su Caucus Antipiratería Internacional, vea a España en su reciente lista global como la cuna de una “pandemia alarmante”, uno de los cinco grandes reinos de la piratería mundial a través de internet, junto a China, Rusia, México y Canadá. Washington no sólo señala, le pone apellidos a su mapa internacional: el Gobierno de ZP “carece en gran parte de voluntad política” para resolver el problema. Respiran por las venas de la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual (IIPA) -que representa a la industria cultural de EEUU, genera un 0,7% del PIB y elabora informes anuales para el Departamento de Comercio de Estados Unidos- y el rosario de sus recomendaciones: el liderazgo de la lucha contra ‘la piratería en internet’ debe pasar a Industria de manos de un Ministerio de Cultura al que el Congreso y la IIPA le sacan todos los colores. A pesar de que el Parlamento hizo una petición formal en diciembre de 2008 al Ejecutivo para que estableciera un plan anti piratería, “la Administración aún no ha respondido”.

La bitácora de Washington le canta a Moncloa que tendrá que rematar un plan de acción conjunto contra las descargas ilícitas, reformar la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y la de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y retirar la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado, que recuerda a los fiscales que compartir archivos sin ánimo de lucro no es delito. Como ha desvelado Público, la IIPA recomienda al Departamento de Comercio de EEUU hacer una revisión especial de la situación de España en agosto, para examinar si ha cumplido el plan sugerido. La secretaría de Estado para las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (SETSI), que es la que ahora impulsa las conversaciones entre las operadoras (Redtel) y la Coalición de Contenidos, fue durante el 2008 la mala de la película a los ojos del Congreso y el lobby antipirata estadounidenses. Y no quiere seguir siéndolo. No, desde luego, cuando el vicepresidente Josep Biden llegue a España.

via:CapitalNews